Mientras Brizuela y Doria se reunía con funcionarios del Presidente, Martínez denunció a Quintela por un municipio paralelo

El senador nacional por Juntos por La Rioja, Julio Martínez, denunció este miércoles al gobernador Ricardo Quintela por propiciar un municipio paralelo en la Capital durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación.

Martínez habló cuando la intendenta capitalina, Inés Brizuela y Doria, realizó un periplo de encuentros con funcionarios del presidente Alberto Fernández.

En ese marco, el legislado riojano recordó que durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri la mayoría de las provincias habían tenido superávit luego de atravesar períodos con problemas para el pago de aguinaldos y con déficit en las cuentas públicas.

“Cuando terminamos la mayoría estaban en equilibrio y bien. Debemos avanzar sobre lo bueno y lo malo de cada gobierno para poder sustentar en adelante la relación entre la Nación y las provincias”, dijo.

En el final de su intervención, Martínez eligió citar un caso que se produce en la provincia para graficar el reparto discrecional de fondos. Contó que el actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, estuvo 12 años como intendente de la capital de su provincia y que pensó que con esa experiencia mejoraría la relación con los municipios.

Pero, por el contrario, aseguró que el actual intendente, que pertenece a Juntos por el Cambio, sufre “asfixia” de parte del Gobierno provincial: “El gobernador se transformó en un municipio paralelo, que paraliza las acciones del municipio”.

Después de una breve sesión que duró menos de media hora, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación aprobó el dictamen para ratificar el Consenso Fiscal 2020 que firmó el 4 de diciembre el presidente Alberto Fernández, con 21 de los 24 gobernadores.

Solamente no suscribieron ese acuerdo las provincias de La Pampa y San Luis, porque no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, y tampoco el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentó un recurso judicial porque no está conforme con el recorte de fondos de la coparticipación federal que decidió el Poder Ejecutivo. Este último tema aún lo debe resolver la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto, uno de los que el Ejecutivo incluyó para ser tratado en las sesiones extraordinarias, otorga $70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal. Si bien ya obtuvo el dictamen de la Comisión que preside el senador cordobés del Frente de Todos, Carlos Caserio, recién sería tratado en el recinto la semana próxima.

El acuerdo fiscal establece que durante este año las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto de los valores registrados al 31 de diciembre de 2020. Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales siempre que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020. Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales y suspender los ya iniciados relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos.