La Legislatura siempre se mostró “deseosa” por las tierras del Golf

El 6 de junio de 2009, según publicó el diario Río Negro, el entonces diputado provincial Jorge Machicote le pidió al gobierno que precise la forma en que ese sector fue transferido o vendido al sector privado para construir un club de golf y una vasta zona de residencias.

Machicote quería que la Secretaría de Tierras del gobierno determine el estado legal actual de esas tierras, alguna vez parte de las 3.000 hectáreas nacionales donadas.

La nota del diario Río Negro recuerdó que la Legislatura de La Rioja inició una investigación para determinar si los terrenos situados al sur de la capital provincial, donde reside el ex presidente, fueron enajenadas ilegalmente por particulares cuando debieron ser destinadas por el Estado para usufructo comunitario

Se trata de un predio que forma parte de un total de 3.000 hectáreas que el Ejército Nacional donó a la provincia en la década del ´90. Por iniciativa del diputado peronista Jorge Machicote, la Cámara le pidió al gobierno que precise la forma en que ese sector fue transferido o vendido al sector privado para construir un club de golf y una vasta zona de residencias. Machicote quiere que la Secretaría de Tierras del gobierno determine el estado legal actual de esas tierras, alguna vez parte de las 3.000 hectáreas nacionales donadas.

De 1991 hasta el presente las denominadas aquí como “tierras del Golf”, pasaron de la Nación a la provincia y de la provincia al municipio durante la gestión del ex intendente menemista Luis María Agost Carreño.

Originalmente el municipio debió destinarlas para un bosque comunal, para lo cual se las dotó de una perforación construida con fondos nacionales, según sostuvo Machicote.

De allí el Concejo Deliberante capitalino la cedió para un predio deportivo al Golf Club y mediante una modificación de la ordenanza, que Machicote dijo “debe ser investigada”, fue vendida a una empresa Equis Golf. De acuerdo a lo expresado durante la sesión, “esta empresa habría vendido lotes que conformaron un barrio privado”.

Por otra parte, esta semana, Menem sumó su quinto procesamiento en una causa penal. Esta vez fue por el pago de sobresueldos durante su gobierno, una práctica sistemática que alcanzaba a gran parte de su gabinete. También fueron procesados su ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, su ex ministro de Justicia, Granillo Ocampo, y su ex secretaria María Julia Alsogaray.

La ley que transfirió las tierras

El artículo 3 de la Ley 6.352 que donó a la Municipalidad las tierras del hoy construido Golf Club dejó “establecido que la fracción de terreno que por la presente se dona, se destinará por el Municipio para la instalación por cuenta propia o de terceros, de un campo deportivo y recreativo a cuyos efectos podrá disponer su venta o contratar a terceros para la explotación del mismo”.

Mediante la nota 5 del 28 de abril que fue enviada por el gobernador a la vicegobernadora Florencia López, Ricardo Quintela aseguró que la ley de donación no fue cumplida, ya que además del Golf se realizó un loteo para la construcción de un barrio privado, conocido como country.

Según el artículo 62, la expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por
ley y previamente indemnizada.

El inciso 9 del artículo 105, corresponde a la Cámara de Diputados, declarar la utilidad pública o el interés general en los casos de expropiación por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que
debe abonarse la indemnización.

El artículo 17 de la Constitución nacional establece que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”.