La Rioja no puede comprar vacunas porque está en default por el Bono Verde

“No vamos a salir a comprar vacunas como hicieron otras provincias, Nación nos prometió el envío de más dosis”, dijo este martes el gobernador Ricardo Quintela durante una rueda de prensa en las escalinatas de la Casa de Gobierno.

Más allá de las promesas del Ministerio de Salud de la Nación, La Rioja no puede comprar vacunas como hacen otras provincias, entre ellas Jujuy, porque fue demandada por un grupo de bonistas en la justicia estadounidense de New York por el default de 300 millones de dólares del Bono Verde.

La provincia tiene un grave problema: todo dólar que mande al exterior puede ser embargado por los bonistas, como ya sucedió con la Fragata Libertad por la deuda externa argentina.

Por ello, toda operación se debe dar dentro del territorio argentino. Hoy los laboratorios están en Estados Unidos como en otros puntos del mundo.

“Miembros del Grupo Ad Hoc de Bonistas de La Rioja (el “Grupo”), titulares de 63% de los Bonos al 9,75% circulantes con vencimiento en 2025 (los “Bonos”) emitidos por la Provincia de La Rioja (la “Provincia”), presentaron hoy una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York”, indicaron.

Allí, Beauregard Holdings LLP, Crown Managed Accounts SPC, GN3 SIP Ltd., GoldenTree Master Fund Ltd., Guadalupe Fund LP y Sandglass Opportunity Fund LP pidieron “una sentencia contra la Provincia como resultado del incumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales de los Bonos”.

Con este fin, contrataron a los estudios jurídicos Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan -que tiene como socio a Dennis Hranitzky- y White & Case, que ya se enfrentaron tanto con otras provincias como con el gobierno nacional, “para que emprendan sus demandas legales”.

“Hasta la fecha, la Provincia no ha abonado dos pagos semestrales de los intereses devengados por los Bonos. La Provincia no ha hecho ningún esfuerzo serio, ni antes del impago ni desde entonces, para negociar con el Grupo una reestructuración consensuada de la deuda”, afirmaron.

Estos títulos fueron emitidos como “Bonos verdes”, una modalidad especial para la financiación de proyectos con ventajas medioambientales positivas.

“La Provincia aplicó la recaudación de los Bonos para financiar parte de la construcción del Parque Eólico Arauco, una sociedad comercial en la que tiene una participación del 92,3%. El parque eólico tiene una capacidad de 150 MW en explotación comercial, y 100 MW adicionales en construcción”, se precisó.

“Los proyectos de Arauco se benefician de contratos de compra de electricidad vinculados al dólar, y constituyen un valioso activo económico de la Provincia”, agregaron.

“Solo sus proyectos actualmente en explotación generan un EBITDA de más de 40 millones de dólares. En este contexto, el no pago de la Provincia no tiene precedentes”, se quejaron.

“Con su actitud, la Provincia ha enviado a la comunidad internacional el mensaje de que es aceptable captar dinero en los mercados internacionales, utilizar los fondos así recaudados para construir activos de gran valor comercial para, a continuación, omitir alevosamente sus obligaciones de pagar a sus prestamistas”, según expresaron.

De este modo, “la Provincia no solamente perjudica a su propio entorno de inversiones y a las futuras perspectivas económicas, sino también a todas las demás provincias y a la economía de la República Argentina, dando la impresión de que este país puede desatender las normas más básicas de ética comercial”.

Al respecto, destacaron que “en los últimos meses, otras nueve provincias argentinas han pactado acuerdos de reestructuración de deudas con sus bonistas internacionales a través de negociaciones de buena fe”; la última fue Chaco.

“Es de destacar que, a diferencia de las provincias que han alcanzado acuerdos con sus acreedores, La Rioja aprobó un presupuesto para 2021, propuesto por sus autoridades ejecutivas, que no incluye ninguna partida para el pago de intereses a sus bonistas internacionales, aunque sí incluye partidas para el pago íntegro de intereses y capital a todos sus demás acreedores”.

“El presupuesto de 2021 de la Provincia asigna apenas un 0,5% de los ingresos al pago de los intereses de sus demás deudas”, aclararon.

“Los pagos de intereses contractuales estipulados por los Bonos, que la Provincia no ha incluido en el presupuesto a pesar de sus obligaciones legales de pagar a los bonistas, ascienden al 3,4% de los ingresos proyectados”.

“Dentro de este contexto, el presupuesto de la Provincia proyecta un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. Queda así en evidencia de que el impago por parte de la Provincia no es consecuencia de una necesidad, sino de una maniobra oportunista para rehuir sus obligaciones legales”, opinaron.

“Esto es todavía más evidente por cuanto los pagos federales de coparticipación (que son el grueso de los ingresos provinciales) para 2021 han crecido significativamente en términos reales, y superan con creces los niveles presupuestados”.

“No obstante la postura poco constructiva de la Provincia, en los últimos meses el Grupo ha intentado negociar de buena fe con la Provincia”.

“Es más que evidente que el hecho de que este intento no haya tenido éxito no recae en los tenedores de bonos de la Provincia, sino en las autoridades provinciales de La Rioja”.

“Enfrentados a un deudor que ha decidido no pagar de manera oportunista y que repetidamente se ha negado a iniciar negociaciones de buena fe, los miembros del Grupo han solicitado un fallo judicial que fundamente su posición como primer paso para hacer valer sus derechos contractuales”.

“El Grupo pretende exigir el abono íntegro de sus pagos contractuales de intereses, capital y penalizaciones en caso de no alcanzarse una solución negociada”, concluyeron. Cabe recordar que la provincia de Entre Ríos había sido demandada también en Nueva York, aunque luego llegó a un acuerdo y sus acreedores prometieron retirar el caso.