Manfrey demandó al Gobierno por aplicarle un impuesto porque no posee establecimiento en La Rioja

Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comercio e Industrialización Limitada promovió acción declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de
La Rioja, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de aplicarle una alícuota diferencial y más gravosa en el impuesto sobre los ingresos brutos, por la única razón de que la empresa no posee su establecimiento industrial en la jurisdicción demandada.

Indicó que la Provincia sustenta tal pretensión en el art. 18 de la ley 9.927 y en la sección D del nomenclador CAILaR (“Código de actividades impositivas de la provincia de La Rioja”), el cual prevé la alícuota del 2,5% para los contribuyentes locales y del 3,5% para los contribuyentes del Convenio Multilateral.

Denunció que dichos preceptos afectan el comercio interjurisdiccional y violan de forma directa lo establecido en los arts. 8°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31 y 75 -inc. 13- de la Constitución Nacional.

Relató que había abonado el impuesto sobre los ingresos brutos del período 2016 aplicando la alícuota del 2,5% pero que el 25 de julio de 2017 recibió la intimación 44, por la cual el organismo recaudador provincial le requirió la rectificación de las declaraciones juradas presentadas en dicho período utilizando la alícuota del 3,5%, bajo apercibimiento de verificar, determinar la deuda y ejecutar el cobro por vía judicial.

Sostuvo que se ha configurado el acto en ciernes que habilita la vía declarativa intentada y solicitó el dictado de
una medida cautelar a fin de que se ordene a la demandada abstenerse de reclamar las diferencias intimadas.

El Tribunal se declara competente, de conformidad con lo dictaminado por esta Procuración General a fs. 28, hace lugar a la medida cautelar solicitada y ordena el traslado de la demanda.

La Provincia de La Rioja contesta la acción a fs. 89/93 y solicita que se la rechace.

Describe que, frente a la intimación 44, el 30 de agosto de 2017 el contribuyente manifestó su rechazo, lo cual
originó el expediente F22-03548-2017.

Señala que en dichas actuaciones, el Director General de Ingresos Públicos de la Provincia dictó la resolución 291, del 5 de julio de 2019, por la cual se hizo lugar al pedido del contribuyente y se dispuso que la Dirección General de Ingresos Públicos debía abstenerse de reclamar, administrativa o judicialmente, las diferencias pretendidas por el Fisco respecto del impuesto sobre los ingresos brutos de la accionante correspondiente al período 2016, así como de trabar cualquier medida cautelar sobre su patrimonio.

En estas condiciones, plantea que no existe una actividad administrativa con concreción bastante y, por ende,
que la acción declarativa intentada resulta improcedente.

Añade que en las leyes impositivas de los años 2018 y 2019 se eliminó la distinción entre contribuyentes locales y de Convenio Multilateral a los fines de aplicar la alícuota en el impuesto sobre los ingresos brutos.

En ese sentido, Laura Mercedes Monti de la Procuración General de la Nación manifestó: “Pienso que V.E. sigue siendo competente para entender en este proceso, a tenor de lo dictaminado a fs. 28”.

Y apuntó: “Liminarmente, corresponde señalar que la circunstancia de que la radicación del proceso haya de materializarse ante los estrados de la Corte (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) no importa un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción intentada, a cuyo efecto es necesario considerar, además, si la demanda cumple con los requisitos que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece como condicionantes de la posibilidad de entablar acciones meramente declarativas (Fallos: 304:310 y su cita)”.

Dichos requisitos resultan incluso revisables de oficio, porque lo contrario importaría permitir que se contraríe lo preceptuado en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional en cuanto a que la Justicia federal actúa exclusivamente ante “causas”, sin que le quepa la misión de emitir opiniones en abstracto (Fallos: 322:528, cons. 3°).

Sobre la base de estos asentados principios, es importante recordar que el Tribunal ha señalado, en reiterados
precedentes y a partir de Fallos: 307:1379, cons. 4°, que la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un caso que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental.

Observado el litigio bajo tales premisas, es mi parecer que no se dan en él los requisitos antes señalados.
En efecto, pienso que la conducta de la demandada, expuesta en la resolución 291, del 5 de julio de 2019, del
Director General de Ingresos Públicos de la Provincia -cuya copia certificada obra a fs. 85/86- evidencia que no existe actividad actual del Estado provincial encaminada a reclamar el impuesto sobre los ingresos brutos del período fiscal 2016, cuya intimación de pago dio origen a la situación de incertidumbre denunciada en este expediente.

En tales condiciones, concluyo que no existe una controversia actual y concreta entre la actora y la demandada
que configure “un caso”, en los precisos términos que esa Corte ha definido para poder acceder a su consideración (Fallos: 325:474, entre muchos otros).

Frente a ello, Monti dijo: “En atención a lo expuesto, en mi opinión, corresponde declarar inadmisible la acción declarativa interpuesta”.